Las sedes de radios han sido allanadas oficiosamente.
Miguel Ángel Albizures
Constantemente escuchamos en la radio la campaña de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, quien ataca a las radios comunitarias, criminalizando su derecho a hacer uso de las frecuencias, sin distinguir entre las que realmente son piratas y aquellas que representan un servicio, en su propio idioma, a las comunidades indígenas que con esfuerzo propio hacen posible que lleguen los programas educativos, la información, los análisis y las orientaciones a millares de personas.
Pero las sedes de radios comunitarias han sido allanadas oficiosamente y sus dirigentes perseguidos, respondiendo a intereses de los grandes empresarios de la radio, mientras en el Congreso han sido paralizadas –por las presiones de los poderosos– las iniciativas de ley que se han presentado. Si no hay intereses de por medio y complicidad de los diputados, por qué se engavetó la iniciativa presentada en 2001 por once parlamentarios indígenas. Lo mismo sucedió con las presentadas en 2004, lo cual refleja la falta de voluntad política de los poderes Ejecutivo y Legislativo para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y con lo que contempla la propia Constitución.
Desde agosto de 2009 está en el Congreso la Iniciativa 4087 de Medios de Comunicación Comunitaria, que tiene dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas, pero hasta el momento no ha entrado en agenda, porque no existe voluntad política de los diputados actuales, quienes terminarán su mandato haciendo caso omiso de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades no indígenas .
El Estado debe dejar por una lado las subastas, a las cuales no tienen acceso las comunidades, ni debe restringir su potencia ni limitar sus funciones, pues hay frecuencias propias del Estado que deben ser asignadas sin favorecer a los grandes empresarios, pues tal como lo señala el Movimiento de Radios Comunitarias, lo que buscan es “la construcción de la ciudadanía, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, así como la creación de consensos en torno a causas nobles y la mejoría en la calidad de vida de la gente”. Ojalá la nueva legislatura no responda a las presiones y las nuevas autoridades cumplan con los compromisos de Estado, dejando de criminalizar el derecho a la libre expresión, que es un derecho ciudadano garantizado en la Constitución.
